El documento Propuestas de política para los gobiernos regionales (2015 - 2018), representa una hoja de ruta clave para las nuevas gestiones regionales, en temas fundamentales para la gobernabilidad, eficiencia, transparencia y desarrollo económico y social del país. En 2014, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) convocó a un grupo de investigadores peruanos que desarrollaron escenarios y propuestas concretas en temas como gobernabilidad, lucha contra la corrupción, alivio a la pobreza y desarrollo productivo, competitividad regional, gestión sostenible de los recursos naturales, industrias extractivas, cambio climático, derechos humanos y género.
Durante la presentación del documento, José Carlos Orihuela, investigador del CISEPA-PUCP, y autor de propuestas vinculadas a la gestión sostenible de los recursos naturales e industrias extractivas, sostuvo que había una relación entre el crecimiento de las economías extractivas y el conflicto social. En ese contexto, un desafío para los nuevos gobiernos regionales es mejorar su capacidad de gestión, gasto y transparencia de los recursos provenientes del canon minero, apuntando a economías más diversificadas. Una propuesta es la creación de fideicomisos para la educación e innovación, buscando que se invierta la renta minera en nuevas formas de capital, así como en la diversificación productiva.
Sobre la gestión social, Silvana Vargas, ex asesora principal del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), quien elaboró propuestas vinculadas a la articulación de políticas para la inclusión económica, identificó como problemas la persistencia de brechas sociales entre Lima y provincias, la limitada presencia de programas sociales en provincias con altos niveles de pobreza, así como las diferencias de intensidad en el dinamismo productivo entre regiones. En líneas generales, Vargas planteó promover políticas sociales que apunten a reducir las brechas en zonas rurales e impulsen la autonomía económica, destacando el rol de las mujeres en el desarrollo. En esa línea, propone incidir sobre el componente de acceso a mercados y promoción de espacios de intercambio local de los proyectos HakuWiñay. Vargas sostiene que para ello es necesario focalizar de manera estratégica el desarrollo de infraestructura básica de conectividad, financiada mediante recursos propios o a través de fondos concursables como el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - Fonie.
En el tema institucional, el ex procurador nacional anticorrupción Julio Arbizu, quien elaboró propuestas para la lucha contra la corrupción junto al investigador Jaris Mujica, dijo que la carga procesal en materia de corrupción por regiones se ha incrementado. En el 2012 se registraron 19.357 denuncias, mientras que en 2013 hubo un incremento de 10,2%, con 21. 588 denuncias.
Arbizu sugirió revisar las capacidades institucionales de las cuales se dispone para llevar a cabo una lucha frontal contra la corrupción, así como contar con medidas diferenciadas para los tres niveles de corrupción identificados: gran, mediana y pequeña corrupción. En el caso de la gran corrupción, por ejemplo, se propuso priorizar la creación de unidades de inteligencia administrativa y financiera, que permitan mejorar la investigación y ampliar la capacidad de sanción. También resaltó la necesidad de fortalecer el control interno a partir de la identificación de las áreas clave donde se concentra la corrupción, y promover una mayor articulación intergubernamental para la atención de conflictos derivados de este problema.
En el documento se puede acceder también a propuestas de política para contar con planes regionales de igualdad de género, para enfrentar graves problemas como la trata de personas en Loreto, o sobre la importancia de la participación de las comunidades en el manejo de los bosques.
