PPK se enfrenta a un escenario complicado. Una economía local con un ritmo de crecimiento bastante más lento y un escenario externo poco propicio. En ese contexto,  su posición frente a varios capítulos de la Ley 30230  puede ser su primera prueba de fuego para cambiar o reforzar el imaginario de muchos: PPK – lobby – grandes intereses. De que la promoción de la inversión pública y privada debe ser una prioridad, no hay duda. El punto es si se sigue creyendo y aplicando la fórmula de reducir estándares sociales, ambientales, laborales y tributarios, y si se sigue permitiendo que gobiernos elegidos democráticamente, actúen de acuerdo a lo que dictan grupos de poder económico.

La reciente publicación del investigador Francisco Durand, “Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú” , es un llamado a la reflexión sobre este tema. ¿Cómo se logra capturar un Estado? Para Durand, una combinación de elementos pueden ser el mix perfecto para orientar una decisión política en favor de unas élites de poder y en detrimento de las mayorías. Esos elementos son la concentración del poder económico, el ‘decretismo’ en las decisiones políticas (característica de la política peruana), y la debilidad de la sociedad civil.

Su publicación analiza la Ley 30230,  conocida como ‘paquetazo ambiental’, que contiene 65 artículos y que fue publicada en el diario El Peruano el 12 de julio del 2014. Su objetivo principal fue establecer medidas tributarias, y simplificar procedimientos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Sin embargo, para Durand, esta Ley muestra cómo lobbies y puertas giratorias se activan para impulsar y consolidar una norma con intereses particulares. En este caso, principalmente, los intereses de grandes corporaciones.

Se parte de un gobierno de Ollanta Humala capturado por una élite económica que para este fin combinó medios de comunicación, gremios empresariales y Think Thanks (centros de investigación), para que se apruebe la Ley 30230 en tiempo récord. A la pregunta de cómo se aprobó esta ley, efectuada por el portal La Mula, Durand responde que tiene la impresión de que no fueron funcionarios públicos, sino consultores y que se ha privatizado la política económica por el proceso de consultas, así como por la confianza que tiene el MEF en los privados. Por cierto, no todos los intentos de captura política tienen un ‘happy end’. La Ley 30288 (Ley de Reforma Laboral Juvenil), conocida como ‘Ley Pulpin’, es un ejemplo en el cual se activa la sociedad civil y las protestas sociales, generándose un contrapeso que termina con la derogatoria de la norma.

La Ley 30230 y sus impactos negativos

Dejando la tesis de Durand y revisando tres puntos de Ley 30230, se pueden ver elementos contundentes que muestran que no se legisló por el bien común. (i) La Ley 30230 debilitó la capacidad fiscalizadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al suspender por tres años las multas que debían pagar las empresas por infracciones ambientales; (ii) Debilitó la capacidad fiscalizadora de la Sunat, entre otros factores, al suspenderse por tres años la norma XVI del Código Tributario, que debía enfrentar la elusión tributaria; (iii) Recortó poderes a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para permitir –principalmente-, que diversos proyectos de inversión accedan de manera expeditiva a territorios rurales. 

Algunas preguntas para las autoridades: ¿Hay una evaluación costo – beneficio de los impactos de esta Ley, que por supuesto, incluya una dimensión cualitativa? ¿Es sensato impulsar la inversión reduciendo estándares sociales, ambientales y tributarios? ¿Se consultó a todos los actores involucrados / impactados con esta Ley, o se elaboró en una especie de club de amigos? Finalmente, ¿quiénes son los principales beneficiados con estas amnistías y procesos tan expeditivos?  

Sobre las primeras preguntas, las autoridades responsables tienen el deber de responder. De hecho, se espera ese balance para saber si la controversial norma debe aplaudirse (difícil), revisarse o derogarse en el nuevo gobierno. Sobre la última pregunta, es claro que se beneficia a grandes empresas. Veamos. En el caso del OEFA y la suspensión de multas por tres años, la Ley parece un espaldarazo al mal comportamiento empresarial. Mensaje: “sigue contaminando que te perdono por un tiempo para que tus planes de inversión permanezcan intactos”. (Esto sin contar la vía judicial donde tus multas pueden quedar en la congeladora).

Según el portal periodístico Convoca , en los primeros 8 meses de aplicación de la 30230 (julio 2014 – marzo 2015), el sector minería e hidrocarburos dejó de pagar hasta S/.55 millones en multas, si se toman en cuenta las resoluciones de sanción ratificadas por el OEFA. ¿A quién perjudica esta amnistía? Pues a todas las personas que queremos vivir en un ambiente sano, pero en especial, a quienes viven más cerca o conviven con grandes proyectos de inversión y son víctimas directas de cada desastre ecológico. Ojo: hay daños ambientales irreparables y dimensionarlos económicamente es muy difícil.

Según el portal periodístico Convoca , en los primeros 8 meses de aplicación de la 30230 (julio 2014 – marzo 2015), el sector de minería e hidrocarburos dejó de pagar hasta S/.55 millones en multas.

Sobre la Norma XVI, fue promulgada en junio del 2012 (DL 1121)  para que la Sunat enfrente la elusión tributaria. Sin embargo, en 2014, en el marco de la Ley 30230, son suspendidas sus atribuciones para aplicar la norma, previas presiones de los principales gremios empresariales del país. Para tener un cálculo de lo que se dejó de recaudar por este concepto, la misma Sunat señaló que tan solo en 2013 había detectado elusión de tributos por más de US$ 1.000 millones en operaciones de exportación. ¿Cuál es la lógica de suspender o dar una amnistía a los grandes elusores tributarios, peor aún, en época de vacas flacas? ¿Por qué no se dan beneficios a los pequeños contribuyentes e independientes para dinamizar la economía?  

En el caso de la Sunarp, el Título III de la Ley 30230 estableció procedimientos especiales para el saneamiento físico y legal de predios para proyectos de inversión públicos y privados, recortando poderes a esta institución, acelerando plazos y procedimientos, y relativizando el ordenamiento territorial. Según Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú, en un país donde cada sector opera con su propio catastro, este punto pone en riesgo la propiedad de miles de pequeños campesinos/as y comunidades campesinas y nativas que aún no han legalizado la propiedad colectiva de sus territorios.  

En el corto plazo se verá la orientación de las medidas de PPK para dinamizar la economía. En concreto, se espera que no sigan formulándose en ámbitos cerrados ni fortaleciendo políticas con nombre propio.