Para financiar los programas sociales actuales, el mejoramiento de escuelas y hospitales, obviamente hacen falta ingresos que llegan a través de los impuestos o tributos. Un buen sistema fiscal debe recaudar lo suficiente para asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos. Luego, lo que los ciudadanos hemos aportado, en teoría debería retornar en servicios (derechos) de calidad: salud, educación, seguridad, entre otros. Los países de la OCDE, grupo al cual el Perú quiere pertenecer, tienen en promedio una presión tributaria de 25,1% del PBI. Perú, en contraste, está en apenas 14%.

Hasta aquí parece solo una cuestión de cifras. El asunto es que la época de la bonanza minera (2003 a 2013) pasó, y al parecer, no se aprovechó lo suficiente. Ya no hay un piloto automático que impulse el crecimiento del país y la recaudación se viene reduciendo. 

En 2015, por ejemplo, los ingresos tributarios fueron S/16.000 millones menos que lo que se proyectó oficialmente. Para darnos una idea, esa cifra supera lo que se destina a todo el sector salud. La baja en la recaudación es un problema que ya afecta la inversión social y productiva, y que puede ampliar las brechas de desigualdad en el país.

La realidad nos dice que la diversificación productiva es el camino. Que ya no podemos mirar al sector minero como la panacea. Según apunta José De Echave, exviceministro del Ministerio del Ambiente, la minería está en franco proceso de crecimiento en sus volúmenes de producción, pero este crecimiento no se expresa en la recaudación, pues viene cayendo. Esto se explica en buena medida por los generosos beneficios que tiene el sector minero. Así, es probable que proyectos como Las Bambas, señala De Echave, no paguen Impuesto a la Renta durante sus primeros años de producción, bajo contratos de estabilidad tributaria y otros mecanismos como la depreciación acelerada y el traslado de los costos de la etapa de construcción de la mina a la actual fase de producción. Más datos: el canon minero es hoy apenas un tercio de lo que se distribuyó en 2013, y actualmente el Estado le está devolviendo a las empresas mineras más dinero del que recauda de ellas debido a los beneficios tributarios de los que que goza este sector.

LIMITACIONES DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Son tres las limitaciones que tiene el sistema tributario peruano, según un informe de Oxfam: es insuficiente, incompleto e inequitativo. Insuficiente porque los niveles de recaudación (14% del PBI) no alcanzan para lo que se debe y quiere atender; incompleto porque no todos los sectores tributan y varios cuentan con exoneraciones especiales (y escandalosas); e inequitativo porque el sistema tributario no asegura que quienes más ingresos perciban sean quienes más aporten. “El reparto de las cargas fiscales está distorsionado en favor de sectores que disfrutan de un trato privilegiado que no se justifica”, dice el reporte.

Entonces, una pregunta clave es cómo elevar de manera justa la recaudación fiscal. Sabemos que la formalización de la economía es un camino, pero hay otros aspectos fundamentales y urgentes. Primero, que el club de los grandes deudores tributarios pague sus impuestos. A julio de 2016, las 50 mayores empresas deudoras acumulaban un aproximado de tributos no pagados de S/15.600 millones. Estas empresas -dice el reporte de Oxfam- han judicializado sus deudas a través de unos 800 procesos. El trato de las deudas tributarias por parte de la Sunat es claramente inequitativo de acuerdo a la naturaleza del deudor. 

Quienes más tienen deben ser quienes más paguen. Es un principio de la tributación justa. Pero ya sabemos cómo es. Sunat persigue a miles de pequeños contribuyentes e independientes, pero no va contra las vacas gordas, que evidentemente cuentan con grandes mecanismos para defenderse y evadir sus responsabilidades tributarias. Se requiere, por ello, una Sunat más fuerte y transparente, que pueda luchar contra los grandes evasores y elusores.

Por otro lado, son millones de millones de soles los que pierde el Estado por elusión tributaria. Se ha estimado que la evasión le cuesta anualmente al Perú el equivalente a dos veces todo el presupuesto de educación. Una norma antielusión, como la desaparecida norma XVI, es necesaria. Este Gobierno no puede entrar en el juego de debilitarla por intereses particulares.

Por último, ¿por qué sectores como los juegos de azar están exonerados del Impuesto a la Renta? ¿Se trata de cultura? En 2017, señala el informe de Oxfam, la exoneración del IGV para los juegos de azar y apuestas le costarán al Estado casi S/400 millones. Con este monto se calcula que se podría financiar todo el presupuesto del Programa Cunamas, o el programa de electrificación rural para ese año.

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha dicho que quiere una Sunat más fuerte y cerca de los ciudadanos. La meta de este Gobierno es llegar a una presión tributaria de 17% del PBI  al finalizar su mandato. La pregunta es si la meta se logrará, y más allá de ello, si con esa meta se podrán cumplir los compromisos de inversión social y productivos anunciados. Esperamos que sí, pero definitivamente, no puede ser en base a la injusticia fiscal, que lo único que genera es más un país más desigual.  

Ver documentos:  “Justicia Tributaria y Desigualdad en Perú” y “¿Pagaron lo justo? Política Fiscal Peruana en tiempos del Boom Minero”.