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Publicado: 2017-07-04
Lourdes Contreras, socióloga cajamarquina, trabaja actualmente en Ceproda Minga, una organización de gestión de riesgos frente a desastres. En la siguiente entrevista, habla de la situación después de la emergencia de El Niño Costero en Lambayeque, una de las regiones más impactadas; del proceso de reconstrucción; de la importancia de tomar en cuenta los saberes ancestrales; y principalmente, de la participación de los damnificados y afectados en el plan que prepara el Gobierno a través de la autoridad especial.
- Se dice que, para los moches, El Niño podía ser hasta una bendición. Hoy es lo contrario, ¿qué pasó?
- El valor de la sabiduría y los conocimientos ancestrales no es apreciado en su real magnitud. Esos conocimientos que preservan principalmente los ancianos, se están dejando de lado. Con la colonización, se impuso como única fuente de conocimientos la ciencia, generándose grandes contradicciones. Lo lógico era complementar. El Estado habla de estos conocimientos, pero parecería hacerlo desde un enfoque turístico. No usa su valor como herramienta para el desarrollo del país.
- ¿Por ejemplo?
- Los moches leían las estrellas. Leían la naturaleza. Esto les permitía anticipar la presencia de un fenómeno natural. Cuando la chilala construye su nido boca arriba, indica que será un año seco. Si lo construye boca abajo, será un año con agua. La aparición de los grillos representa época de lluvias. Las comunidades dicen también que cuando las estrellas se alinean en el cielo y forman el río Jordán, y cuando se observa la luna con patas hacia abajo, son indicadores de que será un año con abundante agua (generalmente aparece en contexto del fenómeno El Niño). En función a estos saberes e indicadores, planificaban su agricultura, pesca, el día a día.
- Una de las críticas más recurrentes de especialistas al manejo de riesgos ante desastres es el débil enfoque de cuenca hidrográfica. ¿Qué opina?
- En 2015, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, el Gobierno Regional de Lambayeque realizó obras de limpieza y descolmatación por sectores de varios ríos: Motupe-La Leche, Zaña, Olmos, entre otros, frente a un eminente periodo de lluvias proyectado para el 2016, que se dio en 2017. La comunidad tuvo algunas quejas, pues solo se realizó la remoción de tierras de un lado hacia el otro. Inclusive, algunos cuestionaron que debido a estas obras la profundidad del caudal se había reducido. No se hizo lo que la comunidad estaba pidiendo desde 1998, principalmente en la cuenca del Río Motupe-La Leche, que era la rehabilitación y reconstrucción del río (cauce nuevo y antiguo).
- ¿Qué se requiere para desarrollar el enfoque de cuenca hidrográfica en este proceso de reconstrucción?
- En el caso de Lambayeque, es indispensable que la Mancomunidad de Municipalidades del Valle La Leche genere una propuesta para la rehabilitación, tomando en consideración la cuenca hidrográfica. Con las probabilidades de que a fin de año haya un fenómeno El Niño, el riesgo se ha incrementado. Las propuestas que se generen tienen que tener en cuenta la reconstrucción con el enfoque de cuenca. En 2008, el Gobierno Regional de Lambayeque presentó el proyecto de control de inundaciones del río La Leche. Consistía en la construcción de dos represas en la cuenca media, denominadas La Calzada y Calicantro. Esa propuesta se encuentra en un conflicto, pues la comunidad argumenta que más allá de contribuir con la reducción de inundaciones, contribuiría con agua para las grande empresas agroexportadoras. Ello representaría el riesgo de un nuevo proceso de expropiación de tierras como sucedió en Olmos.
- ¿Crees que hay una adecuada participación de diferentes actores, principalmente de los damnificados y afectados, en el Plan de Reconstrucción con Cambios?
- Las primeras luces del proceso están generando preocupación a las familias damnificadas y a las organizaciones comunitarias, pues se percibe como una institución centralista, urbanista y no participativa.
- ¿Cuál considerarías la principal falla del proceso y qué sugieres?
- El Estado está considerando a las comunidades como actores pasivos, a pesar de que hay algunas con altos niveles de organización, que consideran un derecho decidir sobre sus vidas y su futuro. De otro lado, se esperaba que sea un proceso social, participativo y de diálogo, pues no solo se trata de la reconstrucción de infraestructura. Se trata de apostar por la recuperación de estructuras y sistemas sociales, económicos, culturales y políticos que se han debilitado o roto en el desastre. Sugiero fortalecer, desde el plan de reconstrucción, las capacidades de las poblaciones y no debilitarlas. La participación de las comunidades, gobiernos regionales y locales en el diseño e implementación del plan es clave. Además, tener claro que la reconstrucción va más allá de la infraestructura. Hay que reconstruir dinámicas sociales y económicas quebradas.
- ¿Cuántas personas siguen viviendo en carpas en Lambayeque?
- No hay datos exactos. Indeci habría entregado cerca de 1000 carpas, pero muchas familias ya se retiraron a sus terrenos, parcelas o lotes con las carpas, pues esta institución cerró los albergues. La precariedad en que viven estas familias se ha incrementado, pues no se les permite construir sus viviendas en el mismo sitio, pero tampoco se les da soluciones de corto plazo. Ahora que ha comenzado el invierno, el frío se ha incrementado. La situación se hace más difícil. Lo positivo es que han empezado a organizarse como damnificados, tanto en Illimo, Pacora y Jayanca. En otros caseríos de Mórrope están fortaleciendo su organización comunitaria de gestión del riesgo de desastres para generar propuestas de reconstrucción, verificar que las familias damnificadas sean beneficiadas de los módulos y pedir participar del proceso de reconstrucción con cambios.
- ¿Cómo se está manejando el problema de las personas que viven en zonas de riesgo en Lambayeque?
- Con incertidumbre. Las decisiones sobre su futuro están en manos de personas que no han tomado en cuenta el contexto social de cada comunidad. Por ejemplo, algunos de los requisitos que el Estado pide a las familias damnificadas es que el terreno donde vayan a reconstruir su vivienda tenga título, minuta de propiedad, esté saneado y esté en zonas de bajo riesgo. Sin embargo, muchas de las familias damnificadas no cuentan con algunos de esos requisitos mínimos. Se supone que los gobiernos locales y regionales tienen que asegurar eso, pero la comunicación no fluye mucho entre estos actores.
- ¿Qué consecuencias genera esta situación?
- Hay algunas autoridades que creen que ya cumplieron con darles una carpa a las familias damnificadas. Otras autoridades locales no tienen claro cómo trabajar el tema de viviendas para los damnificados. Para la entrega de módulos de viviendas, por ejemplo, hay familias de damnificadas que no están siendo consideradas, mientras que algunas afectadas sí. Hay familias que han regresado a construir sus casas sobre los escombros de sus viviendas, pues es lo único que tienen. Estos riesgos se generan porque no se trabaja adecuadamente con los actores locales.
- Illimo fue uno de los distritos más afectados por El Niño Costero en el norte, con un impacto en casi todas sus viviendas, ¿por qué?
Illimo es un distrito pequeño que cuenta con aproximadamente 9000 mil habitantes. El 100% de la población fue afectado, y 50% de personas quedaron en condición de damnificadas. Su principal vulnerabilidad es estar ubicado al lado del cauce. Ello generó que el impacto sea mayor en daños y pérdida de viviendas y medios de vida. Hay que considerar que el Estado ha ido contribuyendo con el incremento de la vulnerabilidad. Después de El Niño de 1997-1998, a las familias damnificadas les construyeron módulos de vivienda en el mismo sitio donde habían colapsado: al costado del cauce. La ventaja de este distrito fue haber contado con un sistema de alerta temprana que les permitió salvar sus vidas, pero no les dio tiempo para salvar sus medios de subsistencia.
Fotos: Flor Ruiz / Oxfam
