Hace casi un año visité Nuevo Andoas, Loreto. El motivo: ver de manera directa la contaminación por petróleo que afecta esta zona hace más de 45 años y que es la prueba de una compleja y triste historia de abuso y olvido. Teddy Guerra, quien en ese entonces era el apu de esta localidad, hundía un tronco en la tierra, y el petróleo y olor afloraban casi al instante. Repetía el ejercicio una y otra vez, en diferentes puntos, como para que tengamos la certeza de que el territorio donde vivía él, su familia, su comunidad, estaba contaminado. Como si nadie le creyese.

El Lote petrolero 192 (antes Lote 1AB), tal vez la mayor reserva de petróleo del país, comprende las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, y alberga a unas 20 comunidades quechuas, achuar y kichwas. Desde 1971, son tres las empresas que han explotado crudo en esta zona: la Occidental Petroleum Corporation del Perú (1971 a 2000); Pluspetrol (2000 a 2015); y Pacific Stratus Energy (hoy Frontera Energy) desde 2015 hasta la fecha. Solo esta última empresa es responsable de más de 40 derrames de petróleo en el lote.

¿Puedes vivir tranquilo cuando tu salud es amenazada y tus derechos son ignorados? Se preguntaba Aurelio Chino Dahua, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), quien vive en la comunidad de Loboyacu, a unas seis horas en río de Nuevo Andoas. "No somos ciudadanos de segunda clase", dijo. "Así como los limeños quieren vivir tranquilos, nosotros también. Así como se preocupan por el futuro de sus hijos, nosotros también", sostuvo en una entrevista a La Mula en agosto de 2016.  

UNA NUEVA CONCESIÓN PETROLERA: CONSULTA EN ESPERA 

El Gobierno ha anunciado que dará en concesión, por 30 años más, el lote petrolero 192. Negocio redondo para impulsar la locomotora económica que va más lenta en los últimos tres años. Sin embargo, parece saltar con garrocha los derechos de las personas que viven en esta zona: la consulta previa para que puedan evaluar una nueva concesión y las garantías a sus derechos, y la remediación ambiental de sus territorios. Si bien en 2015 se realizó un proceso de consulta, el resultado no fue óptimo ni justo para las federaciones indígenas pues sostienen que se excluyó a 16 comunidades de este derecho.  

Los apus de estas cuencas llevan más de cinco años pidiendo la remediación ambiental de sus territorios, pero la situación no ha cambiado y sus tierras y cuerpos de agua contienen las huellas de lo que puede configurarse como un crimen ambiental. De acuerdo a información de la OEFA son más de 2 000 pasivos ambientales y 92 sitios contaminados. 

¿DIÁLOGO?

Tras conversaciones con el Ejecutivo, en agosto pasado (el 22 en Lima), en el marco de las reuniones de una comisión multisectorial formada para abordar actas y compromisos que ya se habían pactado entre el Estado y los representantes de estas comunidades años atrás, los apus regresaron a sus casas decepcionados. Fueron claros: sin consulta no hay petróleo. Le dieron al Ejecutivo hasta el 11 de setiembre para que responda sobre el pedido de consulta. Lo lógico, ante cualquier nueva explotación o actividad económica en una zona donde viven seres humanos, es una remediación real previa de los daños existentes, y un proceso de consulta, pero no. El argumento de las autoridades respectivas en este caso ha sido que no corresponde un nuevo proceso de consulta previa pues la empresa Pacific tiene un contrato (ampliado) hasta febrero de 2019. En esa línea, el reinicio de actividades no implicaría la variación de los términos autorizados en la consulta de 2015, considerada irregular por las federaciones. Sin embargo, si bien le ampliaron el contrato a Pacific, y las autoridades argumentaban que faltaba tiempo y que no se había definido la modalidad para el contrato por 30 años más, la misma ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, confirmó hace poco que Petroperú iría junto a esta empresa en la operación del Lote 192. Ello implicaría un nuevo contrato que implicaría no solo la explotación de los mismos pozos. También abrir otros. Es decir, nuevas condiciones.

Más allá de ese argumento, hay silencio. Un silencio conveniente por parte de las autoridades que deben ver directamente este caso: el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura. No se dice nada sobre la remediación, sobre la infraestructura obsoleta, sobre cómo garantizar 30 años más de explotación sin contaminación.

Las comunidades de estas cuencas exigen derechos que cualquier persona tiene en una ciudad. El derecho sobre su espacio, sobre su territorio. El derecho a no convivir con una actividad económica si esta envenena tierra y agua hace más de 45 años. ¿Qué haría usted si abre el caño y sale agua altamente contaminada? ¿Qué haría usted si toda su casa está contaminada y ello pone en riesgo la salud de sus hijos? ¿Tiene un grupo de peruanos que tomar medidas de fuerza para que los escuchen realmente y puedan acceder a derechos básicos?

El viaje a Lima no es nada fácil para los apus. El camino en río, más un tramo en avioneta, luego carretera, sumado al avión que los lleva a Lima puede tomarles, entre ida y vuelta, una semana, dejar a sus familias por varios días, y gastar recursos que no tienen. En los últimos dos años, deben haber realizado este viaje unas seis veces. El regreso, como esta vez, parece ser igual. Sin una respuesta clara de las autoridades sobre un tema puntual. La consulta. Evasivas. Compromisos y actas que no se cumplen.

Si bien en pocos días no puedes tener una imagen clara de las dinámicas sociales y económicas de un pueblo, yo resumiría el sentir de estas personas en la siguiente frase: “Kausachun pueblo quechua”, que significa ¡Qué viva el pueblo Quechua! ¡Solo queremos que nos dejen vivir en paz! Esta frase, que cuelga de una banderola del local comunal de Nuevo Andoas, es tal vez una de las que más escuché entre los lugareños y que expresa lo que quiere una persona en cualquier punto del país: paz y tranquilidad. Y ello implica respeto.

Información de las federaciones indígenas: http://observatoriopetrolero.org/